jueves, 5 de noviembre de 2015

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. (Parte I ) Resumida


Triste episodio de la historia de nuestro país, lucha fraternal de españoles donde el dolor y el sufrimiento asolaron a España desde 1936 hasta 1939, después vendría la venganza del bando vencedor, contra la del bando perdedor, pero la rabia y el odio fue la tónica constante durante mucho tiempo por ambas ideologías,  espero y deseo que nunca vuelva a suceder esta tragedia donde se truncaron tantas vidas, donde se enfrentaron hermanos contra hermanos, y hubo tanta reprensión y desdicha.

ANTECEDENTES

En enero de 1930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la Dictadura que había instaurado en septiembre de 1923 con el apoyo del rey y dimite.[13] Alfonso XIII nombra entonces presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer pero éste no consigue devolver a la monarquía la “normalidad constitucional” (este período fue conocido como “Dictablanda”) y es sustituido en febrero de 1931 por el almirante Juan Bautista Aznar, quien convoca elecciones municipales para el domingo 12 de abril.[14] Las elecciones son ganadas en las ciudades por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y el martes 14 de abril el rey Alfonso XIII, ante las dudas de la Guardia Civil y del Ejército a utilizar la fuerza para frenar las multitudinarias manifestaciones prorrepublicanas que inundan las principales ciudades, abandona el país. En Madrid el “comité revolucionario” republicano-socialista proclama la República y asume el poder como Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora.
Durante el primer bienio de la Segunda República Española se aprueba la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como Presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como Presidente del Gobierno. Pero el amplio abanico de reformas que emprendió el gobierno “social-azañista” encontró gran resistencia entre los grupos sociales y corporativos a los que se intentaba “descabalgar” de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”. Este último organizó un fracasado golpe de estado en agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo.Pero también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el de revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI). Para ellos la República representaba el “orden burgués” (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, Dictadura y Monarquía) que había que destruir para alcanzar el “comunismo libertario”.Así se produjeron una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933) reprimidos con dureza.
La coalición encabezada por Azaña se deshace y se convocan elecciones para noviembre de 1933 (en las que votaron por primera vez las mujeres) que son ganadas por la derecha católica de la CEDA, y por el centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Este forma gobierno con el objetivo de “rectificar” las reformas del primer bienio, no anularlas, para incorporar a la República a la derecha “accidentalista” (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario, que le dan su apoyo parlamentario.Cuando la CEDA entra en el gobierno en octubre de 1934 se desencadena la Revolución de Octubre, una fracasada insurrección socialista que sólo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT) aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del Ejército, que trajo del Protectorado español de Marruecos a las tropas coloniales de regulares y legionarios y, una vez finalizada, se produce una fuerte represión. Lo mismo sucedió con la proclamación por el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys del “Estado Catalán” dentro de la “República Federal Española”.
La Revolución de octubre de 1934 hizo aumentar en el gobierno radical-cedista su temor a que en un próximo intento la “revolución bolchevique” acabara triunfando. Esto acentuó la presión sobre el Partido Radical, para llevar adelante una política más decididamente legisladora o contrarrevolucionaria.Y en última instancia los sucesos de octubre de 1934 convencieron a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el “giro autoritario” que el régimen, según ellos, necesitaba.El líder de la CEDA José María Gil Robles encontró su oportunidad cuando estallaron el escándalo del estraperlo y el del asunto Nombela que hundió a Lerroux y al Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría. Pero el Presidente de la República Alcalá Zamora se negó a dar el poder a una fuerza “accidentalista” que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza. Manuel Portela Valladares el 15 de diciembre formó un gabinete republicano de centro-derecha y Alcalá Zamora convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936.
El resultado de las elecciones de febrero de 1936 fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó al 5,3%, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular.


EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (Febrero/Julio 1936)
El miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba gobierno que conforme a lo pactado con los socialistas sólo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana).Una de sus primeras decisiones fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles.
La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, “legalizando” así el asalto a varias cárceles por la multitud pero dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral del Frente Popular.Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y sustituidos durante el bienio conservador. Y el 28 de febrero el gobierno decretaba no sólo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados.Asimismo fue restablecido el gobierno de la Generalidad de Cataluña cuyos miembros habían salido de la cárcel beneficiados también por la amnistía.
La “cuestión agraria” fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo, especialmente en Extremadura.Así el 19 de abril el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley, entre ellos uno que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Gracias a varios decretos y a esta ley entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115 000 campesinos, más que en los tres años anteriores. Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. El caso más grave se produjo en Yeste (Albacete), donde a finales de mayo de 1936 “la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes”.
La actividad del parlamento estuvo paralizada casi todo el mes de abril debido al proceso de destitución del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, iniciado y aprobado por la izquierda, y su sustitución por Manuel Azaña, que fue investido en su nuevo cargo el 10 de mayo de 1936, siendo sustituido al frente del gobierno por su compañero de partido (Izquierda Republicana), Santiago Casares Quiroga.
Santiago Casares Quiroga en 1931.
El nuevo gobierno de Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el bienio radical-cedista y a los que se añadieron algunos otros.
Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución, pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar.
Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular, que enfrentaba a los sectores “prietista” y “largocaballerista”, ya que Francisco Largo Caballero, que dominaba UGT y el grupo parlamentario del PSOE, continuó oponiéndose a la entrada en el gobierno de los socialistas y defendiendo el entendimiento entre las “organizaciones obreras” para esperar el momento en que el fracaso de los “burgueses republicanos" facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Otro problema fue que en la CEDA el sector encabezado por José María Gil Robles se decantó cada vez más por el boicot a las instituciones republicanas y por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo que propugnaba abiertamente la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando (por su parte los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos).



LA VIOLENCIA POLÍTICA
Los gobiernos del Frente Popular también tuvieron que hacer frente a un aumento de la violencia política provocada por el partido fascista Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, y por la respuesta que le dieron las organizaciones de izquierda.El primer atentado importante que cometieron los falangistas fue el perpetrado el 12 de marzo de 1936 contra el diputado socialista y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que éste resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió.La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido y detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera, pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas.
Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República y junto a la tribuna principal estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados José María Gil Robles, líder de la CEDA, y José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica antirrepublicana y antidemocrática, además de oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos fue el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.También resultó herido un joven tradicionalista (carlista), José Llaguno Acha, y una muchedumbre intentó linchar al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada al que se acusó de haberle disparado.
Entre abril y julio los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda. También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados)aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.
El aumento de la violencia política y el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Catalunya y milicias del PNV), aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular presidido por Santiago Casares Quiroga no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el “golpe de fuerza” militar que se estaba preparando.A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al “desorden” que atribuía al “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”, aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos. Asimismo en el parlamento los diputados de la derecha, singularmente Calvo Sotelo y Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del orden público.
En la tarde del domingo 12 de julio era asesinado en una calle céntrica de Madrid por pistoleros de extrema derecha probablemente de la Comunión Tradicionalista (o de Falange Española)el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáenz de Tejada, un militar instructor de las milicias socialistas.El teniente Castillo era muy conocido por su activismo izquierdista y se le atribuía la frase «Yo no tiro sobre el pueblo» tras haberse negado a participar en la represión de la Revolución de Asturias, acto de rebeldía que le costaría un año de cárcel.
Como represalia, los compañeros policías del teniente Castillo, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, el líder de los monárquicos “alfonsinos” (que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo), y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente “consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España”. Por su parte el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda que “la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros” y acusó al gobierno de tener la “responsabilidad moral” del crimen por “patrocinar la violencia”.
Según el estudio más completo que se ha realizado sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses.
La violencia política de los meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fue utilizada después por los vencedores en la guerra civil como justificación de su alzamiento. Hoy en día el debate sigue abierto, aunque la mayoría de los historiadores opinan que en absoluto puede hablarse de una “primavera trágica” en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación. Y la conclusión de la mayoría de ellos es clara: “La desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica".“La política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil”.
Durante los primeros meses de 1936 se produjo una polarización de la política española, en cuyos extremos se situaba la izquierda revolucionaria y la derecha fascista, y en medio una izquierda moderada y una derecha republicana junto con un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico (que representaba a muchos militares, terratenientes y a la jerarquía católica que veían peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España). Una división que podía remontarse al siglo XIX cuando tuvo lugar el difícil proceso de cambio que se inició en 1808 para poner fin al absolutismo que lastraba al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, y que el moderantismo decimonónico sólo consiguió superar parte. El resultado fue una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También provenía del siglo XIX la tradición de que los problemas no se arreglaban más que con los pronunciamientos. No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.

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